Monday, February 22, 2016

Constitución Burlada

Editorial de La Hora, 22 de febrero del 2016



Desde 1985 existe un mandato constitucional deliberadamente ignorado por el Congreso de la República y por la misma sociedad guatemalteca, y ello ha generado enormes conflictos de imposible solución en tanto no se obligue al Congreso a cumplir con lo que dice la Carta Magna. El artículo 127 Constitucional dice literalmente: “Todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles. Su aprovechamiento, uso y goce, se otorgarán en la forma establecida por la ley, de acuerdo con el interés social. Una ley específica regulará la materia.”
Treinta años después de la vigencia de esa obligación constitucional, seguimos sin tener una Ley de Aguas y vemos cómo a lo largo y ancho de la geografía del país se hace uso abusivo de ese recurso, al margen de lo establecido en nuestra Ley Fundamental porque el interés social sale sobrando. Ya sabemos que la teoría de cierta corriente ideológica cree que en la medida en que los grandes terratenientes aprovechen el agua para sus sembradíos se impulsa la economía y que ello hará que, algún día no establecido en ningún calendario, por derrame la riqueza irá llegando a los campesinos y pobladores que ahora sufren la falta de agua porque los ríos son desviados maliciosamente.
La verdad es que la Constitución dice con meridiana claridad no sólo que debe haber una Ley que regule el uso del agua, sino que la distribución de ese recurso que es de dominio público tiene que hacerse de acuerdo al interés social. ¿Hace falta mayor prueba del irrespeto de los diputados a la Constitución de la República que su absoluta incapacidad para emitir una Ley de Aguas al tenor de lo que se establece en nuestra Carta Magna? Recordemos que existe el delito de violación de la Constitución de la República y no cabe la menor duda que las sucesivas legislaturas desde 1986 hasta nuestros días, han caído en la tipificación de ese hecho criminal.
Al gesto notoriamente abusivo de quienes desvían ríos dejando morir de sed y sin acceso a la higiene a cientos de miles de personas, debemos sumar el hecho de que hay una tremenda anarquía en la perforación de pozos en el país y cada día aumenta el caudal que se extrae del manto friático sin asumir ninguna compensación social por el uso del agua. No son solo las municipalidades las que extraen agua, sino que también lo hacen los particulares que se surten de manera directa.
Sin regulación, lo que priva es la ley del más fuerte y por ello desvían los ríos y secan los mantos friáticos.

El Secuestro y la Liberación de un Río


Desde hace 15 años desvían el Madre Vieja, y el pueblo se cansó
Dicen que los ríos llegan al mar, pero no siempre es verdad. El río Madre Vieja, en la Costa Sur, moría mucho antes de su desembocadura. Hasta una semana, a lo largo de 40 kilómetros, su lecho no era más que un rastro de piedras, arena, y restos de animales acuáticos muertos.
Como todos los veranos, el río fue secuestrado. Fincas azucareras, bananeras, y sobre todo palmeras han construido sobre su cauce diques y presas para desviar el agua que necesitan sus monocultivos.
Pero el 9 de febrero de 2016, fue un día especial. Pobladores de 98 comunidades de Tiquisate y Nueva Concepción, asentadas en la parte baja del río se unieron para liberar al Madre Vieja. Por primera vez, tras 15 años de protestas, reunieron ánimo y coraje para plantarle cara a las poderosas empresas del lugar.

Plaza de Nueva Concepción

Son las 9 de la mañana, y en la plaza frente a la municipalidad de Nueva Concepción, Escuintla, decenas de agricultores y miembros de organizaciones comunitarias buscan una sombra donde resguardarse del sol.
Entre ellos, Juan Antonio, un anciano de ojos avispados. El pequeño agricultor, tiene un terreno en la parte baja del río en el que siembra milpa, ajonjolí y banano. Todos los veranos se enfrenta al mismo problema: la falta de agua. El río, explica, alimenta las venas de agua que llegan a su pozo. Cuando el río está seco, como ahora, el pozo se seca, o se queda con tan poca agua que sacarla de la tierra con una bomba mecánica representa un gasto excesivo en combustible.
Milton, un campesino bromea con amargura: “Qué chulo el río cuando tiene agua, y nosotros como camellos”. Añade: “yo siembro milpa, plátano, tomateras, chileras. Pero así, ya no dan ganas.”
Plaza Pública
       [ Plaza Pública ]
El río seco.
Esta situación lleva ya más de 15 años. Antes, las empresas extraían el río, pero no hasta secarlo. Ahora, no dejan una gota. Todos recuerdan los robalos, tilapias, bagres y camarones que se pescaban antes. “Era un lujo ir a anzuelar”, dice Milton. “Íbamos con mis hermanos, y con una varilla sacábamos camarones de este tamaño. Hoy, lo único que podés picar con una varilla son piedras”.
“Se habló mucho del ecocidio en el río La Pasión porque murieron miles de peces. Pero aquí el daño ambiental es peor: aquí ya no hay peces”, lamenta Roberto, vocal de uno de los Consejos de Desarrollo de la parte baja del Madre Vieja.
El mal estado del manglar que cubre la boca del Madre Vieja también causa preocupación entre los habitantes de Nueva Concepción. El bosque salado es una fuente inagotable de vida. Refugio de innumerables especies animales, sirve de guardería para los alevines que luego se convertirán en peces de altamar.
Plaza Pública
       [ Plaza Pública ]
El mangle sin agua.
Además de peces, cangrejos y camarones, los habitantes extraen del manglar madera para construir ranchos. Hoy, cuentan los habitantes, las raíces aéreas del mangle se insertan en la arena de un desierto.
Según Dani Revolorio, coordinador ambiental de la municipalidad, el principal responsable de esta situación es la empresa palmera Hame, por ser la que sorbe más agua.
Hame, propiedad de Hugo Alfredo Molina Espinoza, es un inmenso consorcio de empresas, del cual forma parte Repsa, la empresa acusada de haber causado la contaminación masiva del río La Pasión en junio 2015. En la zona de Tiquisate y Nueva Concepción, explota más de 4 mil hectáreas de palma africana y emplea a más de 7 mil personas.  Una de sus principales propiedades es la que los habitantes llaman la “faja de Hame”: una banda de 17 kilómetros de largo por uno de ancho que va del río Coyolate al río Madre Vieja.

Lee también: Repsa, el historial de una empresa investigada por ecocidio

Negociar el Madre Vieja

—¡Allí va el de Hame!, —exclama un campesino al ver entrar en la municipalidad  a un hombre alto, corpulento, algo encorvado.
Se trata de Jorge Estrada, gerente de planificación de la empresa palmera. Es él quien suele dar la cara en los conflictos que enfrentan al consorcio Hame con las comunidades. Una vez dentro de la municipalidad, se acerca a los representantes de los ingenios azucareros Pantaleón, Magdalena y Madre Tierra que llegaron antes.
Estos usuarios del río se han reunido este día a raíz de una negociación que culminó la semana anterior.. El 4 de febrero, empresas, comunidades, municipalidad, iglesia católica y la ONG ambientalista Cogmanglar, se sentaron a hablar sobre el uso del agua y los desvíos del río. Tras una larga discusión, todos firmaron un acuerdo, plasmado en un acta de la municipalidad de Nueva Concepción. En este acuerdo, las empresas se comprometieron a “hacer trabajos para que el río Madre Vieja pueda correr hasta el mar”.
El alcalde se abalanza contra el río. En un segundo, lo cruza. Ya está sobre el dique de Hame. Lo siguen sus seis guardaespaldas, con las pistolas a la cintura, y varias decenas de pobladores. Los que se quedaron en la orilla aplauden y silban con júbilo.
Una vez el río libre, indica el acuerdo, se dará inicio a otra ronda de discusiones para acordar cuánta agua será destinada a cada uno de los usuarios, y qué porción tendrá que llegar al mar.
Este día, 9 de febrero, venció el plazo estipulado para que las empresas liberaran el río. La gran aglomeración de campesinos y representantes de empresas se ha formado para verificar que la agroindustria sí haya cumplido con el acuerdo y levantado sus presas.
“Hoy es un día histórico. Por años se ha pedido para que se libere el rio y se tapen los desvíos en beneficio de las comunidades. Son más de 15 años de lucha, de dialogo, de inconformidades, de organización, y hoy se ve el resultado del proceso. A partir de acá, las cosas serán diferentes”, se alegra José Luis Paiz, sacerdote de la parroquia de San Francisco de Asís quien ha mediado en las discusiones. Sin embargo, pronto verá que no era tan fácil: las presas siguen allí.
Sandra Sebastián
       [ Sandra Sebastián ]
El agua se dirige a las plantaciones de palma africana (al frente).
Tanto Hame como los azucareros minimizan su impacto sobre el río. Jorge Estrada, por ejemplo, señala al culpable: el cambio climático. “Hay menos agua, es un hecho. Mire el invierno que hubo. Y además, el Niño ha venido a agravarlo todo”.
Se le dice que las comunidades acusan a su empresa de ser la más consumidora de agua. “Es una percepción. No somos los únicos en el río. Nosotros usamos menos del 10%”, se defiende Estrada. Los campesinos hablan más bien de un 60%, y el representante de uno de los ingenios azucareros calcula en 80% la parte del río que Hame absorbe.
Jorge Estrada dice estar dispuesto a hacer concesiones. “Es cuestión de ordenarnos un poco”, dice, antes de recordar que ya están invirtiendo en sistemas de riego por aspersión que permiten reducir el consumo de agua.
Abner Muñoz, administrador del ingenio Magdalena, también achaca al cambio climático la falta de agua en la parte baja del río. “Han sido tres años bajo mínimos para todos, pero la población  no lo entiende. La temperatura, la evaporación, todo eso afecta”.
En la reunión anterior, el ingeniero Max Zepeda, del ingenio Madre Vieja, aseguró a los campesinos que, aunque se liberaran las presas, el agua no llegaría al mar. Afirmación que levantó una ola de protestas entre los comunitarios.
Abner Muñoz también evalúa en 10% la parte del río que los azucareros extraen. Y también asegura que están invirtiendo en riego por goteo, método aún más eficiente, y que dejarán de regar ciertas parcelas para reducir su consumo.
Por fin, Otto Lima Recinos sale de su oficina y da la señal de partida. Veinticinco picops y un autobús movilizan a un centenar de personas que no quieren perderse esta ronda de inspección.

Destrucción de la presa de Hame

—¡Esto es pura casaca! —se indigna uno.
—¡Es un despiste, se están burlando de nosotros! —reclama otro.
—Nomas una rascadita le están dando. ¡Ese no era el trato! —exclama un tercero.
A la orilla del Madre Vieja, a la altura de Pinal del Río donde Hame tiene su toma de agua, los campesinos sedientos dejan libre curso a su indignación.
Justo en la mitad del río, un dique paralelo al cauce del río divide las aguas en dos. La mitad de la derecha es para Hame, la mitad de la izquierda sigue su curso natural. Es así como la empresa considera haber hecho su parte del trato. Pero la trampa es tan evidente que los pobladores no han tardado un segundo en detectarla.
Sandra Sebastián
       [ Sandra Sebastián ]
La mitad del río que Hame se apropia tiene alrededor de dos metros de profundidad. En la mitad libre, el agua apenas llega a las rodillas. En otras palabras, Hame consume un aproximado del  75% del río en este lugar. Esto, sin mencionar las otras presas que tiene río abajo.
Una retroexcavadora de la empresa palmera escarba la tierra en la parte libre, haciendo como si estuviera ensanchando ese cauce, pero nadie se deja engañar, y los comentarios denotan un enojo creciente.
Jorge Estrada, gerente de planificación de Hame, no se da por aludido. No busca el conflicto, pero tampoco rehúye de los comunitarios cuando vienen a reclamarle. Sin guardaespaldas ni posibilidad de huida, se mantiene sereno en medio de casi 100 personas que lo hacen responsable de sus problemas. Hasta parece disfrutar de su papel de malo de la película. Sin ruborizarse, con el tono untuoso que mantiene todo momento, asegura que el canal de cemento que se lleva el agua para irrigar las plantaciones es un “brazo natural” del río.
Algunos campesinos se le acercan e intentan razonar con él. Solo una vez la conversación sube un poco de tono. Es cuando un joven agricultor le pregunta por qué la maquinaria, en vez de rascar el fondo del río, no deshace el dique de arena que desvía las aguas.
—Es que yo no soy el que controla eso. Las máquinas no son mías —responde Estrada.
—Ah, ¡no son suyas! Pero ¿qué tal si las tomamos? Entonces sí van a ser suyas  insiste el joven, con tono provocador.
—Cada quién sabe a qué líos se mete —responde Estrada en voz muy baja.
—Ah, ¡ya empezaron las amenazas!
Entre los pobladores de la comisión, el más alto, el más gordo, el del bigote más frondoso, es el propio alcalde, Otto Lima Recinos. Lleva un sombrero de ala ancha y botas de reptil. Es la encarnación de la autoridad. Un toro bravo al frente del rebaño. Y, sin embargo, en ese momento, se ve indeciso. Jorge Estrada le ha brindado sesudas explicaciones sobre cómo se está llevando a cabo, de forma ordenada, la liberación del río. A todas luces son falsas, pero parece querer darle el beneficio de la duda.
Sus administrados no. Reclaman acciones. Quieren que se eche abajo el dique que desvía el río. Quieren que se tape la boca del canal de Hame. Todos se arremolinan alrededor de la inmensa figura del alcalde presionando, exigiendo. Y él duda. Duda otro poco. Y de repente, toma una decisión.
El alcalde se abalanza contra el río. En un segundo, lo cruza. Ya está sobre el dique de Hame.  Lo siguen sus seis guardaespaldas, con las pistolas a la cintura, y varias decenas de pobladores. Los que se quedaron en la orilla aplauden y silban con júbilo.
Sandra Sebastián
       [ Sandra Sebastián ]
El alcalde y sus hombres se acercan a la retroexcavadora. El maquinista no necesita de muchas explicaciones para entender que el maestro de obra ha cambiado. Le exigen que cave un boquete en el dique y que tape la boca del canal de Hame. En menos de media hora, una de las principales cadenas que ahogaban al Madre Vieja se ha roto. Las plantaciones de palma africana se queda sin una buena parte de su agua.
El gerente de planificación de Hame protesta sin convicción. Alega que todo se ha hecho “sin criterio técnico”, y que esto podría generar inundaciones. Pero el alcalde ya no tiene oídos para él. Orgulloso, exclama:
—Dijimos que, si el lunes no había suficiente agua, íbamos a romper las presas. Aquí manda el pueblo. El pueblo es el que decide. Y si me van a llevar preso por esto, ¡me voy con gusto!
Los comunitarios vitorean al alcalde: este ha propuesto matar a un novillo para celebrar. Todos sienten que han ganado una gran batalla, aun sabiendo que la misma máquina puede volver a abrir el canal de Hame en el momento en que se alejen. Unos pocos, además de la emoción, sienten algo de vértigo, algo de angustia ante el hecho consumado: ¿será que cortarle el agua al “viejo”, al “don”, al mismísimo Hugo Molina, no pone en peligro sus vidas?, piensan en voz alta.

El turno de los azucareros

Los 25 picops y el autobús se lanzan ahora por las carreteras polvorosas que atraviesan los cañales. Pasan constantemente camiones jalando hasta cuatro remolques repletos de caña. Parecen trenes de mercancía. Es el momento en que la zafra y la siembra se solapan.
Es un hecho: los azucareros tienen mucha mejor imagen entre los pobladores que los palmeros. Varios comunitarios confirman que la caña no punciona tanta agua del río. Además, los programas de responsabilidad social empresarial de los azucareros están en la mente de cada uno.
Así lo explica Marco Antonio, un agricultor propietario de nueve manzanas en la parte baja del río. “Los azucareros, por lo menos tienen programas de responsabilidad social. Si al menos estos de la palma dieran algo… Como somos pobres y tenemos necesidad, con poquito que hicieran, un pozo, una escuela, ya nos tendrían ganados. Pero nada de nada, ni un proyectito”.
“Íbamos con mis hermanos, y con una varilla sacábamos camarones de este tamaño. Hoy, lo único que podés picar con una varilla son piedras”.
Hoy es un día diferente. Se trata de la liberación del río. Sopla un viento de revuelta, y, a pesar de su imagen amable, los azucareros reciben el mismo trato que Hame.
La comitiva llega a la finca Mandurria, en donde inicia un canal que alimenta los cultivos de los ingenios Pantaleón, Madre Tierra y Magdalena. Aquí, el lecho y las orillas del torrente están cubiertos de piedras lisas y redondas. Los azucareros han realizado un pequeño dique que desvía una parte del Madre Vieja hacia un canal.
Los comunitarios no se lo piensan dos veces, y empiezan a tapar la boca del canal con piedras,hasta levantar un muro que le corta el paso de agua a los ingenios.
Sandra Sebastián
       [ Sandra Sebastián ]
Los  representantes de los azucareros no esconden su amargura e indignación.
—Con esto, damos el diálogo por cancelado, —exclama Abner Muñoz, administrador del ingenio Magdalena.
Muñoz explica que se habían comprometido a reducir a la mitad el caudal que desviaban. Que su consumo pasó, desde la semana pasada, de 1,5 metros cúbicos por segundo a 0,75. Que los comunitarios están incumpliendo su palabra. Y que es necesario empezar a negociar con criterios técnicos: midiendo el caudal del río, asignando a cada usuario una porción definida.
 Hasta ahora, cada usuario pone su presa y toma el agua que quiera sin rendir cuentas a nadie
Los representantes de los otros ingenios, jóvenes que prefieren no dar sus nombres, llevan la frustración marcada en la cara. “Nunca había pasado algo así”, lamentan. Aseguran que la toma de agua de la finca Mandurria es legal  puesto que tiene un permiso del Ministerio de Agricultura para hacerlo y que los comunitarios están violando la propiedad privada de su dueño.
Sandra Sebastián
       [ Sandra Sebastián ]
En el fondo, tienen la sensación de estar pagando los platos rotos de la palma africana, industria que consume mucha más agua que ellos, y que enciende la animadversión de las comunidades.
No esconden su miedo. “Nueva Concepción es muy violenta. Puede haber repercusiones. Entre los 90 o 100 comunitarios que hay acá, algunos son amistosos, pero otros, no lo son tanto”. Sin embargo, en todo el día, nadie se ha acercado a maltratarlos.
En todo esto, la presencia del Estado es nula. No hay nadie del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), ni del Ministerio de Agricultura. No hay nadie del Ministerio de Gobernación, ni un solo policía, en medio de este duro conflicto en el que hay armas en cada bando. Vinieron sí, dos observadores de la Procuraduría de Derechos Humanos y dos de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh), pero hace ratos que  se retiraron.
“Sería valioso tener acompañamiento del gobierno. Estamos muy solos acá”, decía un poco antes Jorge Estrada de Hame.
Lo cierto es que instituciones como el MARN más bien generan rechazo por parte de los comunitarios. Llevan 15 años sin agua en verano, y ninguna autoridad los ha amparado, y ninguna denuncia ha prosperado.  Son 15 años con la sensación de que las autoridades siempre toman partido por las empresas.
Pero en este momento, en el río, nadie piensa en el Gobierno. Los comunitarios parecen niños que han desafiado la autoridad de sus padres. Varios chapotean en el agua, y acumulan, casi a forma de juego, piedras sobre el pequeño dique que han levantado. Sienten que viejas deudas han sido saldadas, y que los años de lucha por fin dan frutos.
Ahora, hay mucha más agua en el río, pero la multitud no está saciada. Queda una gran presa por botar río abajo.

Las ninfas ya corren hacia el mar

La tercera presa es una impresionante obra de infraestructura. A lo largo del río, una muralla de arena de 700 metros de largo divide las aguas en dos partes más o menos iguales. De un lado, las aguas corren hacia el mar. Del otro, se mueven muy despacio hacia los monocultivos. Tan despacio, que la superficie del agua está cubierta de ninfas. Las aguas aprisionadas parecen constituir una reserva privada, aprovechada por las fincas. ¿Qué fincas? Los pobladores no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que son cañeras, otros que son bananeras. Algunos mencionan la finca Las Acacias, y otros La Sierra, pero nadie zanja del todo la controversia sobre destino del agua desviada.
De lo que sí hay certeza es que esta obra es reciente. Ninguno de los presentes sabía de su magnitud. Como una columna de hormigas, 50 hombres y una que otra mujer recorren el largo dique.
Sandra Sebastián
       [ Sandra Sebastián ]
—En fila india, en fila india, como si fuéramos para el Norte, —grita un hombre entre las risas de sus compañeros.
Al llegar al otro extremo, se dan cuenta que, a unos 300 metros, hay una retroexcavadora en reposo. Uno de los guardaespaldas del alcalde deja su pistola a un compañero y se tira al río. Bracea, camina sobre las piedras, bracea, y al poco tiempo, se encarama sobre la máquina para hablar con el operario que estaba descansando. Pronto, el monstruo de metal se dirige hacia la borda, sondeando paso a paso la profundidad del río con su pala.
Cuando el maquinista está al alcance de la voz, negocia con el alcalde. Se ponen de acuerdo.
La máquina se acerca al dique, y empieza a cavar un boquete. De repente, la muralla se abre. El agua aprisionada se lanza como un ave liberada hacia su curso natural. Las piedras acarreadas truenan hasta cubrir el ruido de la máquina.
Sandra Sebastián
       [ Sandra Sebastián ]
Pronto, una fuerte corriente se forma en la represa de las fincas. El agua corre cada vez más veloz hacia la apertura. Las ninfas que habían crecido en el agua casi estancada se precipitan ahora hacia la vía de agua. Estas formaban grandes parches, como islas flotantes, pero al pasar por la brecha, se disgregan en una multitud de pequeños círculos vegetales.  Es como si hubieran adornado el Madre Vieja para una fiesta. Sus aguas corren presurosas hacia el mar.

Post data de lunes 15 de febrero.

Contrario a lo que afirmaba el ingeniero Max Zepeda, del ingenio Madre Vieja, las aguas del río sí llegaron al mar. Según Elmer Rodríguez, habitante de la Trocha 14, el torrente tiene ahora “dos cuartas” de profundidad en su desembocadura, suficiente para alimentar los pozos de las comunidades y saciar la sed del manglar.

Uso del Agua Sin Control

Prensa Libre, 21 de febrero del 2016

La escasez de agua, el incremento en las tarifas por el servicio, las dudas respecto de los adecuados niveles de cloro en los tanques municipales y el desvío de ríos, entre otras situaciones, hacen cada vez más frecuente la conflictividad en las comunidades, y ponen sobre la mesa de discusión la necesidad de legislar al respecto.

La iniciativa de Ley de Aguas será analizada en la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales del Congreso de la República, aunque “quizás no con ese nombre tan polémico”, afirma Ronald Sierra, presidente de esa sala legislativa.

Por Claudia Palma
El caudal del río Madre Vieja ha sido desviado al punto de que hay tramos que se asemejan a un desierto. (Foto Prensa Libre: Enrique Paredes)
Sierra no es el único congresista que pretende tratar el tema, Ferdy Elías, presidente de la Comisión Extraordinaria de Recursos Hídricos, tiene otra iniciativa encaminada a regular el uso del agua, y una tercera propuesta podría surgir de la Comisión de Salud y Asistencia Social.
Sierra se inclina por revisar la “iniciativa de ley que sitúa bajo la rectoría técnica y administrativa del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales a las autoridades a cargo de los diferentes cuerpos de agua”, que data de 2008.
El proyecto de ley avanzó hasta segundo debate, y cómo ocurrió con otros de esa naturaleza, quedó estancado.
La futura normativa debiera contener, según Sierra, regulaciones sobre el uso del agua para consumo humano, la agroindustria y la conservación de los recursos hídricos.
Una norma de esta naturaleza serviría para calcular, por ejemplo: “si hay cien mil habitantes en una meseta, las fuentes de agua disponibles, de dónde provienen, cómo pueden ser utilizadas y si son suficientes para garantizar los 30 metros cúbicos que, en promedio, le corresponden a una familia de cinco integrantes y cuánto tiempo durará esa cantidad de líquido”, explica Sierra.
Cualquier uso del agua en el país a partir de una ley requeriría un inventario actualizado de las fuentes de ese recurso, la cual no existe.
Un registro, además, facilitará a las municipalidades supervisar la calidad del agua, su uso industrial y diseñar planes de conservación y de contingencia, agrega Sierra.

¿Mejor calidad?

Tener sistemas de agua, sin embargo, no se traduce en que el acceso a esta sea el mejor, debido a que no se cuenta con procedimientos estandarizados de saneamiento o cloración.
Las reglas del juego que rigen al sector están contenidas por ahora en la Constitución de la República, la Ley de Descentralización, el Código Municipal y de Salud, pero no hay un marco específico, según el estudio Servicios de agua potable y saneamiento en Guatemala, de Emilio Lentini.
La Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso evaluará los otros proyectos de ley de agua existentes y propondrá, de ser necesario, uno nuevo.
La Constitución garantiza el derecho a la salud, el cual es violado por las municipalidades, según el diputado Luis Hernández, presidente de esa sala legislativa.
“El situado constitucional debe ser para el mejoramiento de la salud, y eso obliga a los alcaldes a invertir los recursos con ese fin. Una de las causas prevenibles de enfermedades es el agua saludable”, refiere.
Existen préstamos por US$100 millones para el Programa de agua potable y saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, destinados al área rural, que no han sido liquidados, afirma el legislador.
“Estos empréstitos debieron haber sido ejecutados por el Instituto de Fomento Municipal, en coordinación con las comunas, pero no fue así”, asegura.
El acuerdo del Ministerio de Salud 1148-098 establece que son las direcciones de áreas de Salud y los distritos municipales los encargados de velar por el cumplimiento del manejo y abastecimiento de agua potable, y en esto recae la obligación de purificarla.
Para reducir a la mitad el déficit de cobertura de agua entre 2008 y 2011, debió haberse hecho una inversión de US$290 millones, según las cifras registradas por Lentini, del Plan Nacional de Servicios Públicos de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano.

Divergencias

No hay una sola iniciativa de consenso. Incluso se prepara una nueva, con la participación de las autoridades indígenas, comenta el diputado Amílcar Pop.
Cualquier intento de aprobación, a juicio del legislador, encontrará al menos tres escollos: el uso industrial del agua, su utilización como bien público y la resistencia cultural.
La utilización del líquido vital en la industria incluye normar, por ejemplo, el aprovechamiento que hacen las mineras, dice el diputado.
El empleo del agua como bien público implica “garantizar el acceso a fuentes potables y la debida utilización como bien público por las municipalidades”, añade.
Un tercer valladar es la resistencia cultural de algunos pueblos que han desarrollado sus propios mecanismos para defender el agua como un bien colectivo, como en Sololá y Totonicapán.
“Cualquier iniciativa encontrará retos porque habrá sectores económicos que no querrán pagar impuestos y compensar el uso de grandes cantidades de agua. No será un camino fácil”, advierte Pop.

Industrias Desvían Ríos en Costa Sur


Industrias de caña de azúcar y palma africana, beneficios de café y granjas han desviado caudales en la Costa Sur hacia sus plantas y han hecho que donde antes había ríos ahora se asemejen a desiertos.

Prensa Libre 22 de febrero del 2016



En Santa Rosa, cerca de  50 mil personas que viven cerca del río Los Esclavos y sus afluentes son afectados por los desvíos y la contaminación. Otros afluentes como La Virgen, Seco o La Canoa, en Oratorio y San Juan Tecuaco, casi se  secaron.

Por Oswaldo Cardona, Omar Méndez y Enrique Paredes
El caudal  del río Madre Vieja ha sido desviado. (Foto Prensa Libre: Enrique Paredes)
Los ríos son desviados por industrias de caña y beneficios de café, así como granjas de aves y porcinas.
El cambio climático es otro factor que incide en la desaparición de los ríos, según Macario García, de la Oficina Forestal y Ambiental de Oratorio, uno de los municipios del Corredor Seco. En esta comunidad se prevé la creación de  un vivero forestal, con la participación de los consejos comunitarios.


El río Sis es desviado por  el Ingenio Tululá, y finqueros del sector utilizan el afluente Icán para regar sus siembras de caña, lo que afecta a las familias que  no cuentan con servicio de agua entubada, denunciaron dirigentes comunitarios de Cuyotenango, Suchitepéquez.Las comunidades más afectadas son Cantón Chacalté Aparicio, San Isidro y la aldea El Progreso.
Los líderes intentaron dialogar con representantes del ingenio,  pero estos se negaron, por lo que se presentó una denuncia en el Ministerio Público, indicó Eligio Díaz, dirigente campesino.
El proceso está  en el expediente MP 137-2015-203212ADM, por los delitos de contaminación industrial y usurpación de aguas.
En tanto, más de 30 kilómetros del trayecto que recorre el río Madre Vieja se encuentran áridos, debido a que la  agroindustria de la palma africana y la caña de azúcar los desvían para irrigar sus siembras.
Una situación similar ocurre con el caudal del río  Coyolate, lo cual afecta a miles de pobladores de  Nueva Concepción, Escuintla.
Los afectados aseguran que el problema data de hace 25 años, y desde entonces padecen de sequías  en verano y de inundaciones  en invierno.
Marco Antonio del Cid, líder  de Nueva Concepción, enfatizó que llevan 16 años sentados en  mesas de diálogo que no han dado  resultados. Sus quejas tampoco han encontrado eco en el Ministerio Público, afirmó.

Friday, February 19, 2016

Una Ley de Aguas en Guatemala, ¿es posible?

Reportaje publicado en La Hora el 4 de enero del 2016

Una Ley de Aguas en Guatemala, ¿es posible?

 Una Ley de Aguas en Guatemala, ¿es posible?

POR REGINA PÉREZ
rperez@lahora.com.gt
¿Qué tienen en común el río La Pasión, tristemente célebre por la muerte de toneladas de peces ocurrido en 2015, y el río Las Vacas, conocido por las aguas negras que transporta? que su contaminación podría reducirse en los próximos 10 años si el país implementara una Ley de Aguas para reducir los niveles de polución en sus afluentes, según expertos en el tema.
De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), al menos el 40% de los recursos hídricos del país presenta algún grado de contaminación, por lo cual destacó recientemente la necesidad de aprobar una ley en esa materia. Sin embargo, el tema nunca ha avanzado en el Congreso por diversas razones, pese a que el país ha intentado aprobar una legislación durante los últimos 50 años.
La última vez que se discutió una propuesta al respecto fue en 2008, cuando la “Ley para el Aprovechamiento y Manejo Sostenible de los Recursos Hídricos”, la iniciativa 3702, recibió dictamen favorable en el Congreso.
Con tragedias como la contaminación del río La Pasión en Petén, en la que murieron miles de peces y decenas de familias se quedaron sin su sustento diario, se hizo cada vez más evidente la necesidad de aprobar una legislación en la materia. En ese entonces, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Guatemala, Alberto Brunori, pidió al Congreso la aprobación de una normativa para regular el uso de los afluentes hídricos en el país.
En los últimos meses, el ingeniero guatemalteco Abraham Barrios se dedicó a revisar y desarrollar la iniciativa 3702. El proyecto de ley, que aún se encuentra en borrador y no ha sido presentado nuevamente, propone la creación de la figura legal de las Autoridades de Cuenca, que serían las encargadas de ejecutar una política de Estado para administrar los recursos hídricos.
El ingeniero considera que el avance de la iniciativa requiere especialmente de voluntad política por parte de diversos actores de la sociedad guatemalteca, lo que hasta ahora no se ha demostrado.
A decir de Barrios, hay sectores que consideran que no les conviene una ley en esa materia. Pero a su modo de ver, esta legislación “traería orden, estándares, certeza jurídica” y otros beneficios, incluso económicos, para todos.
Representantes de varios sectores consultados por La Hora manifestaron que estarían dispuestos a la discusión de una ley sobre aguas.
LA AUTORIDAD DE CUENCA, FIGURA CLAVE
La iniciativa 3702 divide al país en doce regiones hidrográficas, que son áreas territoriales conformadas en función de sus características morfológicas, orográficas e hidrológicas. Normalmente una región hidrográfica está integrada por dos o varias cuencas hidrográficas.
El proyecto plantea que cada región tendrá una Autoridad de Cuenca, que se encargará de cumplir y hacer que se cumpla la ley y toda la legislación ambiental.
Barrios señaló que la Autoridad de Cuenca sería la figura clave de la normativa, ya que todo gira alrededor de la misma, sería la unidad ejecutora de toda la legislación ambiental, los ojos y oídos de la ley en cada jurisdicción.
La Ley crearía la figura legal de las Autoridades de Cuenca, que son “entidades semiautónomas con la capacidad técnico administrativa para cumplir y hacer cumplir la legislación ambiental dentro de una cuenca o región hidrográfica”, que en total serían 12, una por cada región hidrográfica.
Según la iniciativa, cada Autoridad de Cuenca será el ente técnico-científico de apoyo al Consejo Nacional de Aguas sobre temas relacionados a los recursos hídricos dentro de su jurisdicción.
Barrios concibió que la figura legal esté conformada por personal técnico, expertos en cada rama técnica de la Autoridad de Cuenca, desde biólogos, agrónomos, arquitectos e ingenieros.
Las Autoridades de Cuenca tendrían varias funciones, entre estas: hacer informes periódicos sobre el estado de los recursos hídricos, evaluar permisos y licencias para el aprovechamiento del recurso hídrico dentro de su jurisdicción.
El ingeniero manifestó que la oposición de algunos sectores como el de los 48 cantones de Totonicapán a propuestas anteriores fue uno de los elementos que tomó en cuenta para desarrollar el proyecto de ley 3702, que es el producto de muchas discusiones de varios grupos en el pasado, por lo que no se partió de cero en su reelaboración.
“Uno de los cambios importantes que le hice al texto fue redefinir la regulación de las Autoridades de Cuenca y cómo se integran, teniendo en cuenta la oposición de los 48 cantones y comunidades como ellos, que tienen razones muy justificadas para no confiar”, indicó.
A decir del ingeniero, la Autoridad de Cuenca es plenamente compatible con el tipo de gestión ambiental que han hecho grupos como 48 cantones y otras mancomunidades. La idea es que cada cuenca va a hacer su propia jurisdicción y que esté integrada por las comunidades, las que tendrían poder de veto, expresó.
No es nada parecido a lo que se ha presentado antes y con ese reto hice la propuesta, agregó.
CON DISPONIBILIDAD PARA LA DISCUSIÓN
Representantes de varios sectores fueron consultados sobre si apoyarían una Ley de Aguas en el país. El actual vicepresidente de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), Antonio Malouf, manifestó que están dispuestos a participar en una eventual discusión sobre una iniciativa en esta materia, tomando en cuenta que son temas de beneficio para todos.
“Creo que es necesario que todos los sectores se involucren cuando una ley que beneficia a todos los pobladores del país está en discusión, para que esto sea una mejor legislación”, manifestó Malouf.
Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro, manifestó que contar con un instrumento de gestión hídrica está en las prioridades de esa entidad y que quieren que se impulse en el Legislativo, aunque no necesariamente se trate de la iniciativa 3702, que no conoce.
“Tenemos una posición clara de que es necesario contar con una iniciativa de gestión de aguas, creemos que se debe contar con una iniciativa construida de manera técnica y que responda a elementos y factores técnicos”, anotó Caballeros.
Oscar Núñez, director de la organización ambientalista Defensores de la Naturaleza, manifestó que en el pasado presentaron una iniciativa de ley sobre el tema que incluso recibió el visto bueno del sector privado industrial pero que por una mala comunicación fue rechazada por los 48 cantones de Totonicapán.
Sin embargo, agregó que la organización está dispuesta a volver a discutir el tema “en un 100 por ciento” si es presentada nuevamente. Núñez considera que el país necesita una institucionalidad del agua porque las autorizaciones y permisos del agua están en distintas instituciones del país, lo que genera una duplicidad en su adjudicación.
Rolando Vásquez, presidente de los 48 cantones de Totonicapán, confirmó que dicho sector se opuso a una ley sobre el tema en años anteriores debido al recelo que tenían las autoridades indígenas por un posible “impuesto” al agua.
“Como pueblo velamos por los bienes de Totonicapán, como los recursos hídricos, dijo Vásquez. El dirigente indicó que de haber una nueva iniciativa de ley están de acuerdo en analizarla y discutirla. “Si nos afecta, podemos favorecerla”, manifestó.
Queremos darle un estudio minucioso (a la iniciativa) para saber si nos favorece o nos perjudica, agregó Vásquez, a quien se le envió un borrador del proyecto.
LLEVAR LO LOCAL A LO NACIONAL
Núñez, de Defensores de la Naturaleza considera que lo difícil es la manera de socializar y “vender” la iniciativa, que tendría que ser una ley marco muy general, que comience dando derecho a quienes ya hacen uso del agua, así como medios para registrarla, documentarla y hacer un pago sobre este recurso, que es el principio para invertir en las cuencas hidrográficas en las zonas de recarga hídrica.
Otro tema que destacó el ambientalista es la importancia de tomar en cuenta los acuerdos locales y cuencas. “La institución nueva debería impulsar mecanismos locales de administración y manejo del agua, como lo hicimos en la cuenca del río San Jerónimo, donde se aprobó un reglamento sobre el uso del agua”, dijo.
Si logramos reproducir ese comité de cuenca de San Jerónimo en otras partes del país, como lo estamos haciendo en Teculután, Río Hondo, lo que haría la ley marco es ratificar esos acuerdos, añadió.
La clave para Núñez es “sentar” en la misma mesa a los diferentes grupos de la sociedad, desde el industrial hasta las comunidades. Si se pone un acuerdo a nivel local ya no le va a generar revuelo a nivel nacional. Por ejemplo en los 48 cantones tienen su propia regulación local y ancestral, lo único que tiene que hacer la ley marco es respetar eso, no diciéndoles que se va a privatizar el recurso, puntualizó.
EL PACTO AMBIENTAL, UNA OPORTUNIDAD
Juan Carlos Carrera, actual viceministro del MARN, quien recientemente hizo un llamado para aprobar una legislación que regule los recursos hídricos, recordó que el mandato para crear una Ley de Aguas está contenido en la Constitución Política de la República.
Según Carrera, la iniciativa 3702 se discutió en el pasado de forma amplia y el Ministerio la promovió y participó en mesas de discusión, pero desafortunadamente no fue aprobada.
Por otro lado, el funcionario consideró que el Pacto Ambiental, una iniciativa de carácter político que gira sobre seis ejes, entre ellos el agua, podría servir para dejar una agenda con compromisos concretos para la próxima administración.
El Pacto Ambiental, un espacio de discusión implementado luego de que Andreas Lenhoff asumiera como titular del MARN, reúne a varios sectores de la sociedad civil, incluyendo grupos como los 48 cantones de Totonicapán y Agexport.
“Lo considero como una oportunidad para marcar una ruta, ya que el agua es un eje fundamental y por ahí veo una ventana de oportunidad para empujar la agenda sobre ese tema”, indicó.
Carrera reconoció que muchos sectores consideran difícil la aprobación de una Ley en esa materia, pero señaló que la necesidad de normar los recursos hídricos es clara porque el recurso está cada vez más en peligro.

Beneficios
Algunos beneficios de aprobar una Ley de aguas *
1. Ley de rango constitucional garantizaría la protección transgeneracional de las cuencas y recursos naturales.
2. Proveería el andamiaje técnico-jurídico para la protección, gestión y manejo de los recursos hídricos.
3. Proveería un marco de referencia para toda legislación ambiental y política de estado relacionada al ambiente.
4. Proveería la línea base necesaria para diseñar políticas de mitigación del impacto del cambio climático.
5. Proveería las herramientas para completar estudios de zonas de riesgo, ordenamiento territorial, catastros ambientales, inventarios de recursos.
*Según el ingeniero Abraham Barrios

Las 12 regiones hidrográficas
1. Región Hidrográfica del río Motagua
2. Región Hidrográfica del lago de Izabal
3. Región Hidrográfica del río Sarstún
4. Región Hidrográfica del río Usumacinta
5. Región Hidrográfica del río Chixoy
6. Región Hidrográfica del río Nentón
7. Región Hidrográfica del río Suchiate
8. Región Hidrográfica del lago de Atitlán
9. Región Hidrográfica del lago de Amatitlán
10. Región Hidrográfica del río Lempa
11. Región Hidrográfica del Litoral del Atlántico
12. Región Hidrográfica del Litoral del Pacífico

La iniciativa 3702
1. Divide al país en 12 regiones hidrográficas.
2. Identifica, define y registra los recursos hídricos.
3. Regula la gestión, administración y manejo de los recursos hídricos.
4. Regula la calidad del agua para consumo humano.
5. Establece estándares y parámetros para el diseño y construcción de plantas y sistemas de tratamiento de aguas.
6. Establece las bases legales y técnicas para la estandarización de los servicios de agua potable.
7. Regula toda actividad humana que tenga el potencial de impactar negativamente las cuencas.
8. Regula las servidumbres, licencias y permisos asociados al aprovechamiento de los recursos hídricos.
9. Constituye una guía técnica y un recurso valioso para la toma de decisiones a todos los niveles.
10. Propone mejorar la eficiencia gubernamental con la transferencia de entidades de otros ministerios al MARN, como el Insivumeh, el INAB, la Conred, etc y su incorporación al sistema de autoridades de cuencas.
11. Se crearían por lo menos 600 empleos nuevos entre técnicos y profesionales, aprox. 50 personas por cada región hidrográfica.

La Famosa Ley de Aguas

Artículo publicado originalmente el 24 de junio del 2015 en El Salmón

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http://elsalmon.org/la-famosa-ley-de-aguas/

Si le dijera, amigo lector, que es posible reducir la contaminación del río La Pasión y de todos los ríos de Guatemala a niveles mínimos en un período de diez años, lo más probable es que no me crea. Si le dijera que hasta un río-basurero como el de Las Vacas tiene salvación, quizás piense que estoy loco.


Como hasta la incredulidad tiene matices, hay quienes no creerían que lo que digo sea posible por razones técnicas, otros no creen que existe la voluntad política y seguramente habrá quien simplemente no crea para no perder la costumbre. Con la historia que nos andamos echando, no se puede culpar a nadie por ser incrédulo.

Demostrar que el primer grupo de incrédulos se equivoca es relativamente fácil: otros países han tenido éxito restaurando la salud de sus ríos con los recursos técnicos, legales y económicos adecuados. El segundo grupo, sin embargo, tiene toda la razón: la voluntad política para cambiar la realidad actual simplemente no existe.

Pero que no exista voluntad política hoy no quiere decir que no pueda haberla mañana. Como bien lo evidencian las históricas protestas contra el régimen corrupto patriota, los pueblos tienen la capacidad de cambiar. De ahí me nace la esperanza que de pronto la tragedia ecológica del río La Pasión -justo en el momento político actual- sea un parteaguas en la actitud de la gente hacia la necesidad de proteger la vida.

Hemos caído en el error de creer que la voluntad política es un privilegio de los gobernantes cuando en realidad es una prerrogativa del pueblo, tal y como los últimos acontecimientos lo han demostrado. Recién descubrimos que la voluntad política de los gobernantes es un efecto, no una causa.
Una ley de aguas que provea los lineamientos técnico-legales para recuperar los ríos de Guatemala con prácticas ambientales de clase mundial no es mucho pedir. Y si estamos dispuestos a dejar el conformismo de lado, también es posible soñar con una ley de aguas que asegure agua potable en todas las comunidades del país, el tratamiento obligado de las aguas servidas, la protección legal de las especies animales y vegetales impactadas por el uso humano de los recursos hídricos, la regulación ambiental de las actividades mineras, la tutela de las aguas subterráneas, el control de la calidad del agua superficial y subterránea, la protección de comunidades vulnerables a las inundaciones y deslaves, la salud de los litorales y fauna marina, en fin, una ley de aguas que nos lleve del siglo XIX al siglo XXI.

No faltará quien diga que implementar un proyecto ambicioso de ley de aguas requeriría cantidades enormes de recursos que no tenemos. Cierto, pero una iniciativa de esta envergadura debe concebirse como una inversión autofinanciable a largo plazo y no como un gasto superfluo. Si se toman en consideración los beneficios ambientales y los miles de empleos bien remunerados el impacto de una ley de aguas como la aquí descrita sería abrumadoramente positivo.

Si logramos convencer a los escépticos que es posible rescatar nuestros recursos hídricos y que la voluntad política es consecuencia directa de la participación ciudadana tendremos posibilidades realistas de implementar una ley de aguas relativamente pronto. No dependerá de los intereses de un funcionario sino de la voluntad política de usted, el ciudadano congruente que leyó hasta aquí.

El Proyecto AGUATE y la Ley de Aguas

En un país tan fragmentado como el nuestro, la necesidad de encontrarle soluciones a los problemas ambientales tiene la particularidad de ser uno de los pocos temas de la problemática nacional sobre los cuales los puntos de vista de los distintos sectores de la sociedad tienden a convergir. Políticos, activistas y grupos de interés de todas las tendencias están de acuerdo en que la urgencia de resolver la crisis ambiental del país es cuestión ya de vida o muerte.

Sin siquiera tomar en cuenta los efectos inminentes del calentamiento global, la problemática ambiental del país es tan extensa y compleja que se requeriría mucho tiempo para empezar a enfrentarla. Ya no podemos esperar más. Las experiencias de otros países demuestran que problemas tan diversos como la carencia crónica de agua potable, la contaminación de ríos y lagos, el uso irracional de los recursos naturales, la deforestación fuera de control, inundaciones, deslaves y las correspondientes pérdidas humanas y materiales en cada instancia son efectos múltiples de una causa común: la inexistencia de legislación ambiental adecuada y de la voluntad política para ejecutarla.
En la coyuntura política actual, la población ha dado muestras de querer cambios radicales a la manera como se administra el estado. El manejo del ambiente no puede ser la excepción. La crisis ambiental y de mal manejo de los recursos hídricos ha sido ilustrada recientemente por el ecocidio en el Rio La Pasión y el robo del Río Madre Vieja.

Como cada crisis también representa una oportunidad, el momento es propicio para el lanzamiento del Proyecto AGUATE, una propuesta para manejar integralmente los recursos hídricos, cuencas y bienes del dominio público relacionados bajo un solo régimen administrativo. La parte medular del Proyecto AGUATE es la Ley de Aguas, un proyecto de ley que persigue regular el manejo, gestión y aprovechamiento de los recursos hídricos por medio de las Autoridades de Cuenca.

Esta bitácora será la residencia oficial del Proyecto AGUATE y de la Ley de Aguas. Ambos se desarrollarán de mánera pública y transparente. Por favor no duden en dejar sus preguntas y comentarios en la sección de comentarios.


Abraham Barrios