Artículo publicado originalmente el 24 de junio del 2015 en El Salmón
http://elsalmon.org/la-famosa-ley-de-aguas/
Si le dijera, amigo lector, que es posible reducir la contaminación
del río La Pasión y de todos los ríos de Guatemala a niveles mínimos en
un período de diez años, lo más probable es que no me crea. Si le dijera
que hasta un río-basurero como el de Las Vacas tiene salvación, quizás
piense que estoy loco.
Como hasta la incredulidad tiene matices, hay quienes no creerían que
lo que digo sea posible por razones técnicas, otros no creen que existe
la voluntad política y seguramente habrá quien simplemente no crea para
no perder la costumbre. Con la historia que nos andamos echando, no se puede culpar a nadie por ser incrédulo.
Demostrar que el primer grupo de incrédulos se equivoca es
relativamente fácil: otros países han tenido éxito restaurando la salud
de sus ríos con los recursos técnicos, legales y económicos adecuados.
El segundo grupo, sin embargo, tiene toda la razón: la voluntad política
para cambiar la realidad actual simplemente no existe.
Pero que no exista voluntad política hoy no quiere decir que no pueda
haberla mañana. Como bien lo evidencian las históricas protestas contra
el régimen corrupto patriota, los pueblos tienen la capacidad de cambiar.
De ahí me nace la esperanza que de pronto la tragedia ecológica del río
La Pasión -justo en el momento político actual- sea un parteaguas en la
actitud de la gente hacia la necesidad de proteger la vida.
Hemos caído en el error de creer que la voluntad política es un
privilegio de los gobernantes cuando en realidad es una prerrogativa del
pueblo, tal y como los últimos acontecimientos lo han demostrado.
Recién descubrimos que la voluntad política de los gobernantes es un
efecto, no una causa.
Una ley de aguas
que provea los lineamientos técnico-legales para recuperar los ríos de
Guatemala con prácticas ambientales de clase mundial no es mucho pedir. Y
si estamos dispuestos a dejar el conformismo de lado, también es
posible soñar con una ley de aguas que asegure agua potable en todas las
comunidades del país, el tratamiento obligado de las aguas servidas, la
protección legal de las especies animales y vegetales impactadas por el
uso humano de los recursos hídricos, la regulación ambiental de las
actividades mineras, la tutela de las aguas subterráneas, el control de
la calidad del agua superficial y subterránea, la protección de
comunidades vulnerables a las inundaciones y deslaves, la salud de los
litorales y fauna marina, en fin, una ley de aguas que nos lleve del
siglo XIX al siglo XXI.
No faltará quien diga que implementar un proyecto ambicioso de ley de
aguas requeriría cantidades enormes de recursos que no tenemos. Cierto,
pero una iniciativa de esta envergadura debe concebirse como una
inversión autofinanciable a largo plazo y no como un gasto superfluo. Si
se toman en consideración los beneficios ambientales y los miles de
empleos bien remunerados el impacto de una ley de aguas como la aquí
descrita sería abrumadoramente positivo.
Si logramos convencer a los escépticos que es posible rescatar
nuestros recursos hídricos y que la voluntad política es consecuencia
directa de la participación ciudadana tendremos posibilidades realistas
de implementar una ley de aguas relativamente pronto. No dependerá de
los intereses de un funcionario sino de la voluntad política de usted,
el ciudadano congruente que leyó hasta aquí.
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