Desde 1985 existe un mandato constitucional
deliberadamente ignorado por el Congreso de la República y por la misma
sociedad guatemalteca, y ello ha generado enormes conflictos de
imposible solución en tanto no se obligue al Congreso a cumplir con lo
que dice la Carta Magna. El artículo 127 Constitucional dice
literalmente: “Todas las aguas son bienes de dominio público,
inalienables e imprescriptibles. Su aprovechamiento, uso y goce, se
otorgarán en la forma establecida por la ley, de acuerdo con el interés
social. Una ley específica regulará la materia.”
Treinta años después de la vigencia de esa obligación constitucional, seguimos sin tener una Ley de Aguas y vemos cómo a lo largo y ancho de la geografía del país se hace uso abusivo de ese recurso, al margen de lo establecido en nuestra Ley Fundamental porque el interés social sale sobrando. Ya sabemos que la teoría de cierta corriente ideológica cree que en la medida en que los grandes terratenientes aprovechen el agua para sus sembradíos se impulsa la economía y que ello hará que, algún día no establecido en ningún calendario, por derrame la riqueza irá llegando a los campesinos y pobladores que ahora sufren la falta de agua porque los ríos son desviados maliciosamente.
La verdad es que la Constitución dice con meridiana claridad no sólo que debe haber una Ley que regule el uso del agua, sino que la distribución de ese recurso que es de dominio público tiene que hacerse de acuerdo al interés social. ¿Hace falta mayor prueba del irrespeto de los diputados a la Constitución de la República que su absoluta incapacidad para emitir una Ley de Aguas al tenor de lo que se establece en nuestra Carta Magna? Recordemos que existe el delito de violación de la Constitución de la República y no cabe la menor duda que las sucesivas legislaturas desde 1986 hasta nuestros días, han caído en la tipificación de ese hecho criminal.
Al gesto notoriamente abusivo de quienes desvían ríos dejando morir de sed y sin acceso a la higiene a cientos de miles de personas, debemos sumar el hecho de que hay una tremenda anarquía en la perforación de pozos en el país y cada día aumenta el caudal que se extrae del manto friático sin asumir ninguna compensación social por el uso del agua. No son solo las municipalidades las que extraen agua, sino que también lo hacen los particulares que se surten de manera directa.
Sin regulación, lo que priva es la ley del más fuerte y por ello desvían los ríos y secan los mantos friáticos.
Treinta años después de la vigencia de esa obligación constitucional, seguimos sin tener una Ley de Aguas y vemos cómo a lo largo y ancho de la geografía del país se hace uso abusivo de ese recurso, al margen de lo establecido en nuestra Ley Fundamental porque el interés social sale sobrando. Ya sabemos que la teoría de cierta corriente ideológica cree que en la medida en que los grandes terratenientes aprovechen el agua para sus sembradíos se impulsa la economía y que ello hará que, algún día no establecido en ningún calendario, por derrame la riqueza irá llegando a los campesinos y pobladores que ahora sufren la falta de agua porque los ríos son desviados maliciosamente.
La verdad es que la Constitución dice con meridiana claridad no sólo que debe haber una Ley que regule el uso del agua, sino que la distribución de ese recurso que es de dominio público tiene que hacerse de acuerdo al interés social. ¿Hace falta mayor prueba del irrespeto de los diputados a la Constitución de la República que su absoluta incapacidad para emitir una Ley de Aguas al tenor de lo que se establece en nuestra Carta Magna? Recordemos que existe el delito de violación de la Constitución de la República y no cabe la menor duda que las sucesivas legislaturas desde 1986 hasta nuestros días, han caído en la tipificación de ese hecho criminal.
Al gesto notoriamente abusivo de quienes desvían ríos dejando morir de sed y sin acceso a la higiene a cientos de miles de personas, debemos sumar el hecho de que hay una tremenda anarquía en la perforación de pozos en el país y cada día aumenta el caudal que se extrae del manto friático sin asumir ninguna compensación social por el uso del agua. No son solo las municipalidades las que extraen agua, sino que también lo hacen los particulares que se surten de manera directa.
Sin regulación, lo que priva es la ley del más fuerte y por ello desvían los ríos y secan los mantos friáticos.
No comments:
Post a Comment